Termina el fuero político en la CDMX

• Asambleístas aprobaron eliminar el fuero y sustituirlo por juicio político en la capital del país
• Se amarran las manos de los malos funcionarios para evitar la comisión de delitos sin consecuencia
• Especialistas temen una cacería de brujas por la falta de una protección legal que cuide al poder

Enrique Luna/ Reportero

De forma inédita la Asamblea Constituyente de la ciudad de México aprobó prácticamente de manera unánime con 74 votos a favor y uno en contra eliminar el fuero los servidores públicos en la capital del país y sustituirlo por un juicio político.

En pocas palabras los legisladores que elaborar la Constitución Política de lo que era el Distrito Federal coincidieron que cualquier servidor público de las administraciones de los gobiernos locales y delegacionales sean juzgados como cualquier ciudadano.

También la ley aprobada permitió elevar a rango constitucional la presentación de las declaraciones sobre su situación patrimonial, conflictos de interés y obligaciones fiscales, mismas que quedan plasmadas en el artículo 72, numeral 2 de la carta magna de esta ciudad.

Además, la Asamblea Constituyente concluyó la discusión y aprobación de los tres últimos artículos de la carta magna capitalina que regularán la nueva forma de cómo se resolverán las violaciones de la ley por parte de los servidores públicos, desde el jefe de Gobierno, asambleísta o cualquier trabajador de la burocracia local sin importar su nivel.

Dicha modificación legal fue aprobada debido a la preocupación existente de combatir la corrupción en la Ciudad de México y los malos manejos de los servidores públicos que se han hecho evidentes en los últimos años, por lo tanto a partir del 2018 no tendrán la protección legal que les permitía estar por encima de los ciudadanos.

Además de la eliminación del fuero, los legisladores de la Asamblea Constituyente aprobaron, en el artículo 71, el juicio político a todos los funcionarios de elección popular, magistrados, integrantes del Consejo de la Judicatura y servidores públicos, que hayan sido nombrados o ratificados por el Congreso.

El juicio político se aplicará en caso de que alguno de esos servidores viole la propia Constitución que está a días de ser aprobada, sus leyes secundarias o por el mal manejo de recursos públicos.

Por su parte la nueva mecánica de “juicio político” procederá después de que el acusado se presente ante el Congreso de la Ciudad donde podrá defender sus argumentos, mismos que serán analizados por las comisiones correspondientes , y en caso de comprobarse el delito se procederá de manera inmediata a la al juicio político de sustitución.

El cambio principal en este tema es que el juicio político procedería después de ser presentado ante el Congreso de la Ciudad, donde se citará a comparecer al acusado y se decidirá por el voto de dos terceras partes si procede la sustitución.

La medida será aplicable al jefe de Gobierno de la capital y a los miembros de su gabinete, a los integrantes de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, del Sistema Anticorrupción, organismos descentralizados como fideicomisos públicos.

El fuero público fortalece la corrupción

Con la función primordial de evitar que los servidores de alto rango sean procesados judicialmente por la comisión de un delito para garantizar la gobernabilidad de la localidad, entidad o país que tengan a su cargo se creó el fuero constitucional, sin embargo este se desvirtuó provocando la corrupción constitucional.

Esta protección tuvo su origen en la figura de “inviolabilidad” para proteger a los funcionarios públicos de los ataques de sus enemigos políticos, sin embargo muchos la utilizaron para robar recursos de fondos públicos, cometer venganzas personales o encabezar negocios leoninos sin castigo alguno.

Actualmente para eliminar el fuero constitucional es necesario que el Congreso local o de la Unión lo suspenda, sin embargo las cuotas políticas o la protección de grupos de poder siempre dejaron impunes los castigos aunque el delito haya quedado plenamente demostrado.

El el ex consejero del lo que era el Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde afirmó que lo que ha provocado el “fuero constitucional” es la ruina económica y moral del gobierno debido a la corrupción política causada por el fuero.

Indicó que el fuero a evitado castigar en funciones a ex gobernadores como Javier Duarte de Ochoa, Veracruz; César Duarte Jáquez de Chihuahua; Rodrigo Medina, Nuevo León, entre otros que robaron a manos llenas durante su administración, pero el fuero constitucional siempre los protegió.

También el experto electoral dio a conocer los riesgos de la eliminación del fuero constitucional, advirtió del inicio de una “cacería de brujas” entre integrantes de la clase política utilizando la ley a su beneficio para deshacerse de sus enemigos, por lo que propuso regular la nueva figura de “juicio político”.

“Esta medida podrá aplicarse a integrantes de organismos autónomos, de las Secretarías del gabinete, de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, del Sistema Anticorrupción, de los organismos descentralizados y fideicomisos públicos de la Ciudad”, escribió en una columna de un diario nacional.

Detalló que el mayor riesgo es para el gobierno federal que solamente será  un mero espectador y quedarse sin credenciales para que su candidato presidencial en 2018 tenga argumentos frente a los críticos que usarán el tema para denostar al PRI y equipararlo con la corrupción.

Detalló que sin acciones concretas del gobierno federal será muy difícil navegar la campaña presidencial, por lo que llamó a que haya un sistema nacional anticorrupción en proceso de construcción y que este sea un mérito compartido del gobierno y los partidos, aunque consideró lo anterior como una tarea difícil de cumplir al existir un hartazgo de la sociedad.

“Curiosamente los que pueden romper el pasmo y accionar la lucha real en contra de la corrupción pertenecen a partidos diferentes: ella del PRI, ellos uno independiente y el otro de Morena. Y los acusados serían también de diversos partidos: uno del PAN, uno del PRI y quizá algunos locales del PRD. Una buena manera de mostrar que la corrupción es un problema estructural, no de siglas o colores”, dijo.

El fuero y la impunidad

El generalizado repudio de los mexicanos en contra de la corrupción e impunidad de gobernantes, funcionarios públicos y políticos ha generado reacciones de algunos senadores, diputados y gobernadores que han promovido la eliminación del fuero para facilitar la acción de la justicia en casos de la comisión de delitos en el desempeño de cargos públicos y de representación popular.

En el Senado de la República, senadores del Partido de la Revolución Democrática han renunciado públicamente al fuero, pero hace falta que se reforme la Constitución y las leyes que otorgan inmunidad a los senadores en general, y lo mismo debe ocurrir en la Cámara de Diputados. Sin embargo, es más importante que sean los gobernadores los que promuevan estas reformas en los Estados, para que no se requiera de juicio de procedencia para la acción penal en casos en que haya delitos que perseguir, destacan especialistas.

Según un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) gobiernos y funcionarios de todos los colores partidarios y de todos los niveles jerárquicos han estado inmiscuidos en denuncias públicas que involucran el uso y abuso del poder para beneficio privado.

Advierte el organismo que  descubrir un acto de corrupción que por definición busca ser encubierto requiere, además de voluntad, de recursos y capacidades de investigación importantes.

La sobre-regulación puede  ser tan conducente a generar actos de corrupción como la ausencia de regulación, por lo que a su vez pidió a legisladores capitalinos que el “juicio político gubernamental” no tenga exceso de requisitos para ser aplicado.