Choque entre el Gobierno Federal y los empresarios
Los empresarios denuncian la postura de Morena porque buscan una legislación contra la evasión fiscal, que alcanza los 500 mil millones de pesos anuales, ya que consideran que es un grave error adoptar dicha medida. La administración de Andrés Manuel López Obrador enfrenta el reto de ampliar su base tributaria y hacer cumplir las leyes en la materia si quiere obtener mejores resultados en el tema de la recaudación fiscal.
México ocupa el último lugar en recaudación de impuestos de los 36 países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) gracias a los mecanismos de evasión y elusión fiscal empleados principalmente por los grandes contribuyentes.
El empresariado se encuentra preocupado por la situación del país, considera que el Gobierno debe considerar más sus decisiones en materia de finanzas públicas. El documento “Alternativas para reducir la evasión y elusión de impuestos de las empresas factureras o fantasmas”, señala que el uso de facturas apócrifas ha perjudicado al bienestar económico, al reducir la disponibilidad de recursos que el gobierno puede orientar a cumplir con sus obligaciones constitucionales.
Los ingresos tributarios de México entre 2013 y 2017 representaron en promedio 13.6% de su Producto Interno Bruto (PIB), esto es, menos de la mitad de la tasa promedio de recaudación de los países que integran el organismo (que fue de 33.4%).
La evasión y elusión de impuestos en México ocasionan pérdidas en la recaudación que oscilan entre 2.6 y 6.2% del PIB, de acuerdo con estimaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado.
La actual Legislatura del Senado comienza a dar señales de querer hacer algo contra la evasión fiscal. Se han presentado distintas iniciativas que pretenden elevar las penas a las empresas “factureras” o “fantasma”.
También busca tipificar a la defraudación fiscal como delincuencia organizada para que amerite prisión preventiva oficiosa, aunque esto preocupa a algunos especialistas que advierten sobre los riesgos de caer en el “terrorismo fiscal”.
