En riesgo la economía e inversión en México por modificación de leyes fiscales
Desde antes que comenzara el nuevo milenio la economía ha sufrido variaciones y ha peligrado en el financiamiento público, el peso se ha devaluado como en 1994 cuando hubo una crisis (llamada «el error de diciembre») causada por falta de reservas internacionales, en los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo.
Sin embargo, en tiempos actuales la UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) asegura que las nuevas iniciativas para combatir la evasión fiscal en México baja la inversión y pone a empresarios nacionales y extranjeros en invertir en el territorio extranjero y no en el país, debido a las iniciativas de ley para combatir la evasión fiscal.
La disyuntiva que surge es que la denominada “Ley Armenta”, pretende regular la evasión fiscal, el lavado de activos, la simulación de operaciones y la corrupción, las cuales han generado un déficit enorme a las finanzas públicas en los últimos quince años.
Desafortundamente actualmente persigue ampliar esos delitos incluyéndolos en la temida Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; por consiguiente, se equiparan al terrorismo, al tráfico de armas y al contrabando, y esto podría generar una ficha internacional de búsqueda con ese status en contra de los empresarios.
También es válido proteger los derechos de los empresarios, ya que no quieren ser tratados como narcotraficantes o terroristas, ni que se les prive de su libertad y se le expropien sus bienes antes de iniciar un juicio, cuando se considere que incurre en algún delito fiscal su empresa o actividad, ya que muchos actos pudieron ser ocasionados por un empleado o incluso por un tercero que le entregue una factura falsa de la cual no tenía conocimiento.
En un país donde los índices de corrupción y falta de estado de derecho se encuentran entre los más altos de América Latina, este tipo de esquemas puede ser utilizado para la extorsión o incluso la persecución política, lo que genera gran incertidumbre entre los inversionistas.
La OCDE y el FMI sugieren impulsar políticas públicas recaudatorias en esquemas que busquen ampliar la base grabable enfocada al desarrollo, en especial al proceso productivo que genera empleo, hay que privileagiar el diálogo para que las personas obtengan más oportunidades y se mantenga la credibilidad de los inversionistas.
