Reducir la informalidad de los empleos y el pago de seguridad social, grandes retos de AMLO

El empleo en la sociedad mexicana es un tema que últimamente se encuentra muy demandado, pero también figura como una situación muy crítica y competitiva, ya que de acuerdo a datos del INEGI el empleo informal radica en un 64% de la población económicamente activa. Es más de la mitad de los habitantes mexicanos y que a largo plazo preocupa, pues este tipo de trabajos no ofrecen prestaciones ni oportunidad seguras.

El reto más grande del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, es ofrecer un trabajo digno y bien remunerado que otorgue mayor recaudación de impuestos y del pago de la seguridad social, como el IMSS y el INFONAVIT. También es responsabilidad de todas las Secretarías relacionadas con la generación de empleo y su regulación, como las de Economía, Hacienda y la del Trabajo y Previsión Social luchar para que la población no carezca de excelentes oportunidades laborales.

Las soluciones prontas que ha brindado el gobierno mexicano son los programas sociales como el de «Jóvenes Construyendo el Futuro», el cual ha sido muy polemizado, pero sin un buen ojo analítico, ya que sí sirve para que los jóvenes obtengan mayor experiencia, ya que no necesariamente es para los llamados «ninis», para los que no han estudiado ni trabajado.

En julio pasado el Parlamento Abierto en materia de justicia laboral, libertad sindical, negociación colectiva, subcontratación y personas trabajadoras del hogar celebrado en el Senado de la República, la discusión se enfocó en la pérdida del clientelismo y de la impostergable disminución del cobro de las cuotas que dejarán de percibir y que extrañarán muchos sindicatos. De este modo, las organizaciones sindicales excusaron que ya se habían establecido los derechos de los trabajadores, pero que con las nuevas reformas los perderían.

Y el otro tema que se abordó es el de (sobre) regular a la subcontratación, ya que con la actual establecida en la Ley del Trabajo y sus reglamentos, la Ley del IVA, la del ISR y la de la Ley Antilavado, no es suficiente, siendo un sector que representa al menos de un 12% de ésta misma población económicamente activa.

Reina un ambiente de inconformidad por la pérdida de privilegios con ciertos funcionarios, pero también piden resultados rápidos para sostener a la economía y que las personas tengan mejores trabajos y sueldos, pues con tanto empleo informal las personas pueden brincar a la delincuencia o se van a otro país, aunque tengan muros y no hablen el español como es el caso de los migrantes desesperados por partir a Estados Unidos.

El gobierno y los opositores tienen sus razones, pero ninguno ha logrado corregir sus errores para poner en una balanza lo que sí sirve y lo que no, así que los próximos años la administración de López Obrador deberá demostrar su capacidad para regular la economía a través de los empleos.